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Últimos Artículos

  • EL SUPREMO RECHAZA LA OBLIGACIÓN DEL REGISTRO DE LA JORNADA

    EL SUPREMO RECHAZA LA OBLIGACIÓN DEL REGISTRO DE LA JORNADA

    Según una reciente sentencia del Tribunal Supremo, las empresas no están obligadas a la llevanza de un registro de control de horas de todos los trabajadores, sólo de las horas extraordinarias, según establece el artículo 35.5 ET 2015.

    El registro de la jornada para los trabajadores a tiempo parcial SÍ es obligatoria. El registro se deberá realizar día a día y se deberá totalizar. En él, se deberán desglosar las horas ordinarias y las complementarias.

    La empresa deberá entregar al trabajador una copia de este registro, junto con su nómina y conservar una copia de dicho registro durante 4 años.

    En el caso de no realizarse, el contrato se presumirá a jornada completa.

    Según la sentencia, para el resto de trabajadores, solamente estiman que debe contemplarse el registro de las horas extraordinarias realizadas. Este gesto cobra especial importancia puesto que en caso de litigio, la carga de la prueba recae sobre la empresa, que lo tendrá bastante complicado si no existe este registro, que sería la forma de demostrar que se ha cumplido con la legalidad al respecto.

    ¿Qué criterio va a aplicar la Inspección de Trabajo?

    Hasta nueva orden van a continuar aplicando las mismas directrices que han venido siguiendo durante 2016, exigiendo el registro de toda la plantilla.

    Lo que sí está claro es que su empresa debe hacer el registro de la jornada a tiempo parcial y el registro de las horas extras de todos los trabajadores.

  • TRIBUTACIÓN INDEBIDA EN MATERNIDAD-PATERNIDAD

    TRIBUTACIÓN INDEBIDA EN MATERNIDAD-PATERNIDAD

    Sobre la sentencia 810/2016 en la que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid declaró que la prestación por maternidad/paternidad que abona la Seguridad Social estaría exenta de IRPF, es decir, que no se debería tributar por ella. 

    El Tribunal Económico Administrativo Central ha resuelto mantener la tributación por este concepto en contra del fallo del Tribunal Superior de Justicia que se declinó a favor de la exención.

    Según esta resolución del TEAC no se encuentra razón para contrariar el criterio seguido por las resoluciones regionales, por lo que de esta forma se cierra la vía administrativa, si bien se mantiene la judicial que, con sentencias en ambos sentidos, ha quedado a la espera del Tribunal Supremo para que siente doctrina.

    A estos efectos ya no procede reclamación de devolución del IRPF de aquellos contribuyentes que han percibido la prestación desde 2012, tributando por ello, puesto que será denegada de forma inmediata conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior.

  • OBLIGACIONES SOBRE NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS

    Comunicación Electrónica

    De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas ( BOE de 2 de Octubre de 2015), así como en la Disposición Final Séptima de la misma, tal y como interpreta la AEAT, a partir del 02 de octubre del presente año, obligatoriamente tendrán que relacionarse electrónicamente con las Administraciones públicas para la realización de cualquier trámite o  procedimiento administrativo, además de las obligadas con anterioridad, las entidades sin personalidad jurídica ( comunidades de bienes, comunidades de vecinos..) así como profesionales personas físicas con colegiación obligatoria.

    Esta relación electrónica comprende tanto las notificaciones como la presentación de documentos y solicitudes a través de registro 

    La presentación de declaraciones y autoliquidaciones se continuará haciendo como hasta ahora, por no estar afectada por la Ley 39/2015.

    Las presentaciones de documentos y solicitudes dirigidas a la Agencia Tributaria deben realizarse obligatoriamente a través del registro electrónico (www.agenciatributaria.gob.es).

    El incumplimiento de esta obligación puede ser constitutivo de la infracción tributaria prevista en el artículo 199 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que establece la imposición de una sanción consistente en multa pecuniaria fija de 250 euros.

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